La Constitución Española de 1978 es el pacto conseguido para que la democracia llegase a España para quedarse. Una Carta Magna joven en comparación con las de otros países de gran tradición democrática. Quizá, por eso, cualquier reforma del texto ha sido prácticamente un tabú en la política española durante todo este tiempo. Se ha intentado transmitir la idea de que tocar la Constitución significaba dañar los cimientos de la convivencia de la actual sociedad española. Y ante tales fantasmas, nadie se ha atrevido a afrontar ninguna reforma por demandada que pareciese.  Concretar el sistema de autonomías, reformar el Senado, equiparar el hombre y la mujer en la línea de sucesión a la Corona o incluir nuevos derechos fundamentales como la protección de datos; han sido temas que han estado sobre la mesa y en  el debate público en algún momento. Incluso, algunos de ellos, en el programa electoral del PSOE en pasadas elecciones generales. Sin embargo, alcanzado el Gobierno y llegado el momento, el tabú  de retocar la Constitución siempre ha ganado a los deseos de perfeccionar el texto. La excusa se ha repetido de manera incesante: no hay el consenso necesario.

La anterior reforma de la Constitución Española, que apenas añadió dos palabras (“y pasivo”) en el artículo 13.2 era una imposición de Europa. Lo exigía el Tratado de Maastricht y se llevó a cabo en 1992.  Ahora, 19 años después, Europa vuelve a ser quien nos empuje (más bien nos obligue) a una nueva reforma. El presidente Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, están de acuerdo en incluir un límite de déficit para las administraciones en la Carta Magna.  No es una reforma del núcleo duro de la Constitución y, por eso, con el acuerdo de los dos grandes partidos ya es suficiente. Una imposición exterior nos hace romper en pedazos el tabú, y también la búsqueda de un consenso amplio de todos los españoles representados en el Congreso de los Diputados. Si esta imposición (exigida por Alemania y Francia) es necesaria y oportuna es otro debate.  Si sirve para apaciguar la presión financiera sobre nuestra economía a corto, medio y largo plazo, pues bienvenida sea.

Europa nos obliga a abrir la Constitución para retocarla. Nos fuerza a comenzar un proceso que en mi opinión deberíamos haber empezado nosotros mismos. Ninguna ley ni ningún sistema es perfecto. Todo es mejorable y adaptable a nuevas necesidades. La Constitución Española tiene reformas pendientes y por el miedo a esos ‘fantasmas del pasado’ no hemos tenido el valor de afrontarlas. A ver si por lo menos ahora que nos obligan aprovechamos la ocasión para modernizar un texto magnífico, que nos ha  servido para progresar y reconciliarnos, pero que se puede mejorar.

Vamos a romper la urna que guardaba casi virgen la Constitución Española y nos da un poco de vértigo. ¿Por qué? Otros países con más tradición democrática reforman con más normalidad su Carta Magna. Quizá por eso, porque por su mayor pasado en democracia ya han aprendido que no es necesario que sea un texto incorruptible.  Que hacer, por consenso político y referéndum ciudadano, los cambios necesarios no es un atentado ni contra nuestra convivencia ni contra nuestro sistema. A ver si aprendemos la lección de una vez… aunque otra vez hayan tenido que enseñárnosla desde fuera.

Anuncios